Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.
De vez en cuando, la inquietud por el futuro ronda por la mente de los que somos padres… la pregunta ataca sin piedad cuando vemos las noticias, cuando leemos el periódico o sencillamente cuando salimos a la calle y nos sentimos asfixiados por la contaminación física y por el ambiente polarizado que se percibe en muchos rincones del país.
Yo no quiero para mis hijos un país en guerra, pero tengo claro que ante un conflicto de casi 50 años, cuyas causas y soluciones se han intentado negociar varias veces sin éxito, no hay salida distinta a la presión militar para doblegar al bando terrorista.
Yo no quiero para mis hijos un país quebrado, en donde las posibilidades de inversión y de crecimiento económico se vayan por la alcantarilla de las falsas promesas o de las irresponsables quimeras. Entonces, quiero estabilidad económica para que se generen oportunidades que permitan un mayor desarrollo y el país salga de la olla en la que ha estado desde su fundación.
Yo no quiero que mis hijos se acostumbren al estallido de las bombas, ni que salgan siempre con el temor de morir despedazados en un atentado terrorista. No quiero que sufran lo que sus padres padecimos: ese temor irracional (pero justificado) que nos atacaba sin piedad, pues las explosiones a cualquier hora del día o de la noche y las columnas de humo alzándose en el horizonte eran el pan de cada día: me niego a dejar al azar el futuro del país y correr el riesgo de volver a vivir una embestida terrorista.
Tampoco quiero que mis hijos tengan a su disposición, en la tienda de la esquina, la oferta de dosis personal para que entren al patético mundo de los consumidores de droga. Por el contrario, quiero un país en donde no haya ninguna posibilidad de acceder, con el falso pretexto del libre desarrollo de la personalidad, a la cocaína, la marihuana o el éxtasis. Y digo falso pretexto, porque el desarrollo implica evolución, y difícilmente un consumidor puede crecer y acceder a la evolución de su personalidad, cuando está esclavizado por el consumo de sustancias psicoactivas.
Yo no quiero que mis hijos salgan a la calle con el temor de ser víctimas del secuestro, uno de los más atroces delitos que resulta ser el peor atentado contra el desarrollo de la personalidad… quiero que salgan tranquilos, que tomen las medidas que se requieren para caminar en cualquier ciudad del mundo, sin la amenaza de ser secuestrados por un grupo de parásitos terroristas.
Yo no quiero que mis hijos carezcan de oportunidades para pensar y convertirse en seres productivos, para ellos y para la sociedad. Por eso, más que estudio, sueño con que mis hijos reciban afecto y motivación permanente para argumentar, descubrir, investigar, pensar, crear y estructurar; desde sus primeros años, proyectos productivos que además beneficien a otros.
Yo no quiero ver a mis hijos haciendo largas filas para intercambiar bonos por alimentos.
Yo no quiero ver a mis hijos teniendo que decidir cada día, si se juegan la vida por sus ideas… quiero verlos tranquilos, con la tolerancia que debe promoverse desde la familia y garantizarse desde el Estado.
Sueño con un país que desarrolle un verdadero proceso educativo, en donde los conocimientos se adquieren al mismo tiempo que se cultivan las habilidades y destrezas no solo para recitar un poema, sino para componerlo.
Aspiro a que mis hijos no sean atajistas, que busquen siempre el camino legal de hacer las cosas bien, así se demoren más y sean impopulares porque no son “vivos” y no se saltaron las normas que nos permiten la convivencia.
Sueño con que siempre tengan la bandera de la honradez y de la sinceridad en sus palabras, porque el único capital que tienen realmente es su honra y su reputación.
En este sentido, quiero que mis hijos protejan la honra de los demás porque saben que igualmente, es el capital de sus semejantes.
No aspiro a que sean doctores, ni mucho menos a que luchen porque la gente les imponga ese rótulo… por el contrario, que cada día de su vida siembren para ellos y para su gente, sin tener que depender de lo que dirán los demás por los cartones que cuelguen en sus paredes: como decía mi Maestro, “esos cartones no son absorbentes y ni siquiera sirven para utilizarlos en el baño en caso de escasez de papel higiénico”…
Sin embargo, lo más importante es que todo esto puede hacerse realidad en Colombia, si se unifica el rechazo a la violencia y al atajismo y desde nuestros hogares buscamos sembrar una conducta mejor en los que próximamente enfrentarán los retos de la vida.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso
Mientras que el Ejército propina fuertes golpes a las estructuras de las FARC, algunos miembros de su brazo político buscan hacer un control de daños para disimular las ya evidentes pérdidas militares.
El caso que evidencia esta situación se da en el Tolima. Allí, las Fuerzas Armadas han venido golpeando con fuerza a las FARC. Esto de desprende de varios informes que han salido a la luz en los últimos días. Uno de ellos fue publicado por el diario Vanguardia de Bucaramanga.
Allí se menciona que el frente 21 de las FARC, que opera en el Cañón de las Hermosas y en los municipios de Chaparral y Cajamarca, perdió entre entregas voluntarias, muertes en enfrentamientos y desmovilizados más de 139 combatientes.
Esto significa que las FARC ya no tienen el control del Cañón de las Hermosas y tampoco han podido recuperar el pie de fuerza para intentar sostener esa posición. Era común que a un terrorista muerto lo reemplazaran (como pieza de una diabólica maquinaria de guerra) entre dos o tres nuevos terroristas. Sin embargo, esa dinámica cambió y ahora las FARC se ven a gatas para reemplazar por lo menos a uno de sus miembros.
El Cañón de las Hermosas resulta prioritario para las FARC porque es un punto clave de comercio de amapola y desde donde las FARC atacan Ibagué, Armenia y La Línea.
Sin embargo, la presión militar del Estado es respondida desde algunos gobiernos regionales cuyos dirigentes hacen ingentes esfuerzos políticos por conservar para el terrorismo, los espacios que están perdiendo en el combate.
En las denuncias que publicó la revista Cambio sobre el actual gobernador del departamento del Tolima, Fernando Osorio, se informa sobre los contactos secretos del funcionario con las FARC y los propósitos de los mismos.
"Los contactos del Gobernador y de algunos de sus principales funcionarios con las FARC no hacen parte de un simple inventario de episodios: las agencias de seguridad entregaron en marzo pasado al presidente Uribe informes en los que detallan cronológicamente encuentros de esos servidores con las FARC, y aluden a compromisos concretos que la administración departamental ha adquirido con la insurgencia”.
“Uno de ellos es la promoción de los diálogos regionales, la apertura de laboratorios de paz -cuya ubicación coincidiría con áreas de repliegue estratégico de las columnas- y el retiro del Ejército del Cañón de Las Hermosas.”
Esto demuestra que los planes militares y la política de Seguridad Democrática SI están golpeando las estructuras operativas de las FARC. Basta con recordar que el Cañón de las Hermosas tiene un gran peso estratégico e histórico para las FARC y al perder el control militar, han optado por buscar a sus aliados del brazo político, a fin de conseguir en el escritorio las victorias que no han alcanzado en el campo de batalla.
Así las cosas, las FARC han establecido contactos con el Gobernador del Tolima para que éste los libere de la asfixia militar y les permita retomar, sin combatir, esos territorios perdidos.
Lo más interesante es que el narcoterrorismo, poco a poco, va desnudando sus alianzas políticas ante la crisis en la que están siendo sumergidas por la política de Seguridad Democrática.
De esta manera, los diálogos regionales servirían intereses mezquinos y estratégicos de las FARC, que encontrarían en esos espacios la condición ideal para retomar controles territoriales sin tener encima la presión militar que comienza a dar resultados.
Esos diálogos regionales responden, en la práctica, a una vieja estrategia del narcoterrorismo que pretende, mediante la desmilitarización de algunas regiones, reasumir el control del narcotráfico (el Cañón de las Hermosas es uno de los principales sitios de suministro de latex de amapola), tomar un segundo aire y fortalecerse en puntos específicos de la geografía nacional.
Sin embargo, la experiencia muestra que las consecuencias de esas zonas desmilitarizadas son un desastre para el país (El Caguán) y que la presión que ejercen para que se adjudiquen nuevas zonas (el “intercambio” humanitario con el despeje de dos municipios del Valle) responde únicamente a la crítica situación militar que están viviendo en varias regiones del país.
No de otra manera se podría explicar que el Gobernador del Tolima, miembro del PDA, esté haciendo contactos para despejar las zonas en donde las FARC se han replegado, vendiendo la ingenua ilusión de diálogos regionales que solo sirven a los intereses de una clase política aliada de las FARC.
Es que no solo es el Gobernador del Tolima, sino algunos de sus funcionarios, quienes fueron denunciados por la revista Cambio: “De Augusto Hernando Arias, asesor de paz, sorprende el acceso de Arias a las F ARC. Durante los procesos recientes de elección de gobernador y de congresistas se dio el lujo de distribuir propaganda política a favor del hoy mandatario departamental y de sus amigos aspirantes al Congreso por el Polo Democrático en comarcas vedadas por la guerrilla a otros candidatos”… es decir, el más puro y descarado de los fraudes, esos que tanto han denunciado y nunca han podido probar.
Esta vez, el plan de las FARC y de su brazo político fracasó porque fue puesto en evidencia… pero quedan por ahí muchos políticos que trabajan para favorecer los intereses del narcoterrorismo y de ellos mismos.

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena. Especial para Atrabilioso.
Sería más fácil explicar los fenómenos macroeconómicos que se han venido presentando desde inicios de año, a partir de la incertidumbre que provocan los procesos electorales: cuando se temen cambios tan profundos como los que se esperaban de haber triunfado la izquierda, los capitales se empiezan a retirar de la economía anticipando los hechos. Pero ese no es el caso de Colombia. Siempre se dio por descontado que el Presidente sería reelegido, y que el fenómeno, si fuera por el temor de que no, debía reversarse una vez conocidos los resultados.
No ha sucedido así. La caída de precios en la bolsa ha sido tan pronunciada y sostenida, que en dos ocasiones ha habido que suspender las subastas antes del cierre; y el dólar sube más rápido que cuando cayó durante los últimos dieciocho meses.
Todo parece indicar, más bien, que lo que hay es una fuga de capitales, propiciado por tres factores: uno externo y dos internos. El factor externo, la elevación de las tasas de interés en los Estados Unidos que jalonan los dólares de regreso a casa; y los internos, la norma que exigía doce meses de permanencia a los capitales golondrinos, y un fenómeno que se da en los mercados bursátiles y que se denomina “toma de utilidades”, que consiste en que cuando los especuladores perciben que los precios han tocado techo, comienzan a vender para asegurar sus ganancias.
La bolsa presta un porcentaje de lo que se tenga invertido, tomándolo como garantía. Cuando las acciones caen, puede suceder que se supere el porcentaje máximo de endeudamiento permitido, y solo hay dos maneras de corregirlo: adicionar fondos, o vender parte de los activos y pagar, para mantener el porcentaje de endeudamiento. En el segundo caso, que es el más cómodo, se termina vendiendo activos con precios a la baja. Eso ocasiona a su vez, dos efectos indeseables: 1) el poseedor de las acciones pierde dinero, pues vendió en un mercado a la baja y 2) las ventas forzadas contribuye a la caída de los precios y la caída en los precios produce pánico y más ventas, que refuerzan el fenómeno.Aunque las bolsas de valores son el pulso de la nación en los países desarrollados (a través de ella se anticipa la salud de la economía) no hay que olvidar dos cosas: primera, que la inestabilidad es propia de los mercados, y segunda que una cosa son los precios de las acciones, y otra los dividendos que pagan las compañías.
Los especuladores, que son los responsables de la volatilidad y la bursatilidad, le apuestan al precio de la acción: compran barato y venden caro tantas veces como puedan, en cortos periodos de tiempo. Las bolsas de valores disponen de múltiples herramientas (opciones de futuros, sell short, trailing price, entre otras.) para facilitarlo.
Los inversionistas institucionales, que son los verdaderos dueños, cierran los ojos a estas volatilidades y le apuesta al crecimiento de las empresas, y a los dividendos que generan que también se expresan, en el largo plazo, en mayor valor de las acciones. Para entenderlo, imaginemos las rentas que se pueden obtener del arriendo de un apartamento, versus su precio en el mercado: el precio puede caer porque hay pocos compradores, pero las rentas no.
Aterrizando estos comportamientos naturales, al caso colombiano, la preocupación crece porque este es un mercado pequeño, con pocos especuladores y muchos capitales golondrinas que entran produciendo alzas en los precios de los activos bursátiles y reevaluación de la moneda (la historia reciente); hacen sus utilidades, y se van creando el mismo fenómeno, pero inverso: caída de precios de los activos bursátiles y devaluación del peso frente al dólar.
Pero mirándolo positivamente, la devaluación que provoca su fuga, hace más competitiva a la nación, lo cual atrae inversión extranjera, y aumenta las exportaciones, efectos que junto con la caída de los precios de los activos, actúan como fuerzas que invierten la tendencia.
De ser así, y si se firma el TLC, pronto tendremos otro rally, y reevaluación de la moneda, como consecuencia del crecimiento económico. Por lo tanto es mejor no intervenir, a no ser que sea para permitir que las leyes económicas actúen con libertad.

Por Carlos Barba Sánchez.Artículo publicado en Foro de Seguridad.
La necesidad de contar con una fuerza de trabajo más competitiva y productiva hace que cobren vigencia valores humanistas como la confianza, la libertad, la ética y el respeto por el individuo.
El comportamiento, los intereses y las actitudes de las personas, aunque a veces no se acepte concientemente, son producto de una "recolección" en el trayecto de sus vidas, de modelos o paradigmas que han ejercido o ejercen gran influencia en el desarrollo de su personalidad.
El encontrarnos administrando personas, nos obliga a reconocer esta característica humana y sacarle el mejor provecho posible.
Hablan así de Ray Kroc, genio revolucionario de las franquicias de la cadena de restaurantes Mc Donald's: "Él practicaba lo que predicaba, sentíamos vergüenza al llegar con él a uno de los restaurantes porque se bajaba del automóvil y empezaba a recoger basura. Eso demostraba a todos que si limpiar no es un oficio "demasiado bajo" para el jefe, tampoco debería serlo para ninguna otra persona".
Ninguna de nuestras prácticas para dirigir el comportamiento de los trabajadores surtiría el efecto deseado si mostráramos contradicción con lo que predicamos.
Por ejemplo, como podemos esperar que nuestros trabajadores acepten de buena gana usar el casco de protección sin usarlo nosotros. Por todo lado encontramos jefes que exigen cumplimiento a sus reglas, siendo ellos los primeros en incumplirlas. Hay que actuar y comportarse coherentemente.
Si lo que nos proponemos es orientar comportamientos adecuados debemos empezar con nosotros mismos, así, nuestras características personales, las cuales tendrán que estar ligadas obviamente a conceptos tales como ética, moral, honestidad, humildad, etc. deberían promover e incentivar el ejemplo.
Reconocer nuestros errores sin temor a la crítica nos hará no sólo modestos sino también honestos y estaremos ilustrando con el ejemplo que los errores no se deben ocultar sino que de los cuales debemos aprender buscándoles la solución más adecuada.
El beneficio eventual será que nuestros seguidores nos ahorrarán tiempo tratando de descubrirles sus errores y terminarán siendo sus propios supervisores. Hay que comprender que todas las personas tienen la necesidad de errar y aprender de ello.
Lograr el respeto de nuestros trabajadores y de las personas que nos rodean es una tarea ardua y se da cotidianamente a través de nuestra autenticidad demostrando un genuino interés por el trabajo y haciendo sentir la trascendencia de nuestra labor.
Que frustrante sería para quien tiene la oportunidad de dirigir personas y forjar futuros la desaproveche o la subestime dejando de representar el gran papel que le fue encomendado.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.
¿Qué haría usted si sabe que su hijo fue violado y que el depredador está cerca? Esta es una pregunta ácida que muchas veces se presenta cuando hay una reunión de amigos que tienen también la responsabilidad de ser padres.
Creo que la mayoría de respuestas se relacionan con el instinto de asesinar al desgraciado que intentó acabar con la vida de un hijo. Sin embargo, en un momento tan crítico, debe ser difícil evaluar la situación y tomar una decisión sensata.
En esos momentos, posiblemente algunos tengan la cabeza fría para pensar en denunciarlo y entregarlo a las autoridades. Pero otros, llenos de rabia y dolor, recurrirán a la fuerza para borrar del planeta al delincuente.
No obstante, los que logran mantener la cabeza fría, recordarán también que un individuo que violó y asesinó a más de 140 niños, está a pocos años de recobrar la libertad, gracias a un sistema penal benigno y pusilánime.
Ese padre de cabeza fría recordará a Luis Alfredo Garavito, el monstruo que con un cinismo propio de los más despiadados psicópatas, pidió (no ofreció) disculpas por sus “errores”. Es que hasta la propia familia del depredador Garavito habla de los errores que el individuo cometió, como tratando de justificar más de 140 crímenes que no tienen la menor posibilidad de explicarse racionalmente.
Ese mismo padre de cabeza fría, tendrá en su memoria al psicólogo del Valle, que después de abusar de sus pacientes (la mayoría niños con algún retardo mental), le fue concedida la casa por cárcel, pues según el juez, el individuo NO REPRESENTABA NINGÚN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD.
Entonces, el padre que tiene la cabeza fría y aquel que se deja llevar por sus instintos y por la emoción, llegarán a la misma conclusión: hay que eliminarlo.
Claro que el primero tendrá más justificaciones: una justicia inepta e incapaz de proteger a la sociedad de los más crueles y depravados criminales, que ofrece las suficientes garantías para que cualquier asesino depravado salga fácilmente de la cárcel, a pesar de ser uno de los mayores depredadores en la historia de la humanidad.
El padre instintivo recurrirá simplemente al dolor que siente por el abuso a su hijo y a la vieja doctrina del ojo por ojo, diente por diente (muy utilizada y de enorme actualidad en Colombia desde hace más de 80 años).
Un ejemplo de un padre emocional, instintivo, es el que ocurrió en Pereira. Sus dos hijos fueron violados por un sujeto al que conocían como 'El Coreano' y el padre, una vez enterado de la situación, fue a buscarlo y el violador intentó explicarle lo que había hecho con sus hijos.
En ese momento, el instinto predominó y el padre acuchilló al violador hasta causarle la muerte. Unas horas después, el hombre se presentó ante las autoridades y en las últimas horas fue puesto en libertad, aunque continúa la investigación.
Sin embargo, un padre con cabeza fría podría tomar la misma decisión, pues la carencia de verdadera justicia y del ejercicio de proteger a la sociedad de los criminales, lo podría llevar a buscar al depravado y ocasionarle la muerte.
En términos más sencillos: un padre de familia, al enterarse de la violación de su hijo y de la cercanía del criminal, va a recordar la injusticia que se comete con la sociedad al acercarse la liberación de Garavito. Ese padre va a pensar en la incompetencia de las normas y decidirá hacer justicia con mano propia.
Porque además, en estos casos de alto impacto social, se habla mucho y no se hace nada.
En Pakistán, un padre que degolló a sus tres hijas, fue capturado por la policía. El delincuente, después de rendir su declaración, fue puesto en una celda. Hasta el sitio llegó el policía Mohamed Nadeem y lo asesinó.
Al ser interrogado, el policía que mató al homicida señaló que había cometido el crimen para eliminar a un animal de la sociedad. Posteriormente aseguró que una persona que mata a niños inocentes no merece piedad.
Todas estas situaciones deben llevar a la sociedad, y a los congresistas, a respaldar el proyecto de ley de David Luna y Simón Gaviria, quienes han anunciado que propondrán una reforma a la Constitución para que se autorice castigar con cadena perpetua el abuso sexual, asesinato o secuestro de menores de 14 años, debido a las carencias existentes en las sanciones por delitos graves contra los niños.
Es urgente entonces, abordar el estudio de leyes más severas para casos como el de Garavito, pues un victimario de semejante dimensión no puede tener la menor esperanza de recuperar su libertad.
Es más: de salir Garavito de la cárcel, muchos tomarán la misma decisión del policía Nadeem, o del ofendido padre de Pereira y con las mismas justificaciones, enviarán un mensaje a la sociedad: ante la injusticia del aparato judicial, solo queda la alternativa de hacer justicia con mano propia.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.
En Colombia, la guerra sucia tiene sus periodos pico, cuando las situaciones políticas hacen pensar a los violentos que deben presionar con intimidaciones, amenazas o atentados.
Durante la última semana, dos hechos importantes y graves confirman la intención de los sectores violentos, de incrementar la guerra sucia en el país.
El primer anuncio lo recibió el sindicato de empleados hospitalarios, a quienes llegó un panfleto con amenazas contra algunos trabajadores adscritos a esa organización.
La carta fue enviada por un grupo denominado “brazo armado de las ex AUC” y menciona los nombres de varios sindicalistas que actualmente son protegidos por el Estado.
Además, la amenaza es clara: “son nuestro más próximo objetivo militar, en pie de guerra a sangre y fuego, viva la reelección del doctor Uribe. Colombia libre de comunistas”.
En estas amenazas hay varios hechos preocupantes: la intimidación, la mención del Presidente y el apoyo que los victimarios dicen ofrecer al Gobierno.
Pero también preocupa que el panfleto aparezca justo antes de la divulgación de un informe del mayor sindicato de los Estados Unidos sobre Colombia, en el que se asegura que nuestro país es el más peligroso del mundo para los sindicalistas.
Es que resulta muy conveniente la aparición de la amenaza como “prueba” que reforzaría el informe de AFL-CIO, que indica, además, que en los últimos 20 años han sido asesinados más de 4 mil sindicalistas.
Tampoco resulta clara, en esta amenaza, la mención del un “brazo armado” de un movimiento exclusivamente militar: las Autodefensas han tenido siempre la bandera del combate y sus aspiraciones y movimientos políticos han estado relacionados casi exclusivamente con el tema contrainsurgente y con la protección de sus negocios de narcotráfico.
A la amenaza contra los sindicalistas se suman los paquetes-bomba que les fueron enviados a los congresistas Rafael Pardo, Gina Parody y Armando Benedetti.
A cada uno le llegó un sobre, con un remitente relacionado con la vida íntima de cada político, para llamar su atención y despertar la confianza suficiente para que abrieran el paquete.
A primera vista, los tres políticos no tienen mucha conexión entre si, pues Rafael Pardo es opositor del gobierno Uribe, mientras que Parody y Benedetti son uribistas pura sangre.
Sin embargo, el hilo conector entre Pardo, Benedetti y Parody está en sus posiciones y actuaciones frente a la ley de Justicia y paz y sus iniciativas para la reconciliación nacional, muchas de las cuales coinciden ahora con el fallo de la Corte Constitucional sobre dicha Ley.
Es importante recordar que Parody y Rafael Pardo fueron contundentes en sus posiciones frente a la ley de Justicia y paz, lo que pudo haberles generado la enemistad de algunos sectores paramilitares.
En cuanto a Benedetti, este Representante encabezó un proyecto de ley para la búsqueda de la reconciliación nacional y la desmovilización de grupos armados. El texto fue conocido como el Proyecto Benedetti.
El artículo 34 de ese documento hablaba sobre las formas de reparación a las víctimas y señalaba, específicamente, que quienes se sometieran a la ley deberían hacer “entrega de bienes al Estado para la reparación de las víctimas” y además, ceder “bienes a instituciones u organizaciones que se dediquen al trabajo social por la recuperación de las víctimas”.
Llama la atención que el Proyecto Benedetti habla de bienes en general y no de aquellos producto de acciones ilícitas, como quedó consagrado en la ley de Justicia y paz.
Pues bien: una de las enmiendas hechas por la Corte Constitucional a la ley de Justicia y paz fue justamente la de esos bienes para la reparación: la Corte consideró que los paramilitares deben responder con sus bienes en general, no solo por los crímenes individuales, sino también por las acciones de terror producidas por sus grupos delincuenciales.
Cuando se conoció esa modificación, los líderes paramilitares vociferaron sobre el asunto y ‘Ernesto Baez’ aseguró que era ilógico que tuvieran que entrar a responder con su patrimonio por lo que otros habían hecho.
Entonces, la modificación de la Corte Constitucional a la ley de Justicia y paz coincide con el proyecto Benedetti, lo que seguramente se convierte en una cuenta que los paramilitares querrán cobrarle al político.
Así las cosas, es en este punto, en el del bolsillo de los cabecillas de las AUC, en donde se puede encontrar el hilo conductor para explicar estos atentados, que además, valga decirlo, fueron construidos con dispositivos absolutamente diferentes a los que utilizan las FARC para sus acciones terroristas con paquetes-bomba.
Mientras las FARC buscan una explosión que mate o deje gravemente incapacitada a su víctima, los paquetes que fueron enviados a los tres congresistas buscan causar un doloroso daño en quien lo abra, pues son bombas incendiarias elaboradas con pólvora negra.
Lo único cierto en estas recientes situaciones es que la guerra sucia, aquella de las cobardes amenazas y del atentado terrorista, están subiendo de tono y parecen provenir del narcoparamilitarismo, muchos de cuyos sectores ya están aparentemente desmovilizados, pero ahora podrían estar recurriendo a la más sucia y cobarde de las tácticas violentas para desestabilizar al país y sobre todo, a sus instituciones.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso
Lo que viene ocurriendo con Rafael García, el testigo cuya indagatoria ante la Fiscalía publicó la revista Cambio y que luego se convirtió en el entrevistado estrella de Semana, está mostrando una grave injerencia de Venezuela en los asuntos internos de nuestro país.
Las declaraciones de García se han ido cayendo o bien porque han sido refutadas con pruebas y simples contrastes o también porque se están descubriendo los verdaderos motivos de la “estrella” de Semana.
La mitomanía transitoria de García tiene un propósito simple y conveniente: el asilo político.
Como García, en su fuero interno, sabe que va a ser condenado porque nadie mejor que él conoce sus culpas, entonces primero buscó una rebaja de penas con su “ventilador”, declaraciones que todavía están siendo evaluadas por la Fiscalía.
Ante la demora en el procesamiento de los datos, decidió armar el escándalo mediático que todos conocemos. Pero como las declaraciones publicadas por Cambio no causaron mayor revuelo y si algunos cuestionamientos, entonces se jugó la carta de apostarle a la falta de profesionalismo de Semana.
Por fin, con Semana, logró que sus declaraciones estuvieran en boca de toda la ciudadanía, y que los oportunistas en los medios, condenaran con ese escándalo al actual Gobierno.
Sin embargo, ahora se sabe que Piedad Córdoba, Gustavo Petro y Wilson Borja han estado moviendo las fichas en Venezuela para que García reciba el asilo político.
Desde la distancia, cada vez se ve la claridad de una conspiración que fue urdida cuidadosamente por algunos sectores de la oposición. Cuando Piedad Córdoba se enteró de lo que quería decir Rafael García, consultó con Horacio Serpa el asunto.
Entonces, con semejante arma en la mano emprendieron cuidadosamente la campaña. Para eso tenían a un criminal dispuesto a acusar a su propia madre de cualquier crimen, con tal de salir de la cárcel, como él mismo lo reconoce en una conversación con su esposa.
La situación resultó ideal: de un lado, un preso que no tiene con qué negociar rebaja de penas y para salir de la cárcel, buscar convertirse en asilado político. Del otro, unos opositores desesperados que carecen de credibilidad frente al grueso de la ciudadanía, pues no se puede explicar de otra manera que, pese al calculado escándalo, Uribe haya logrado el 62% de los votos válidos.
Ese fue el marco ideal para la conspiración y el principal motivo para armar el escándalo, aunque ahora se sabe que García no lo planificó en solitario. Se requería que alguien maquiavélico estructurara la puesta en escena para dejar en una posición impopular al Gobierno, pues ante los ojos de los ingenuos, un hombre que tiene el “valor” de acusar a todo un Gobierno, evidentemente estaría en riesgo de ser un perseguido político.
Además del escándalo, Hugo Chávez (¿José Vicente Rangel detrás?) planificó la segunda parte del golpe: la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones.
Durante un mes, Colombia asistió a la detonación de un “nuevo” escándalo dominical, cuando lo cierto es que la mayoría de arandelas salieron de las declaraciones de Rafael García, así muchos no lo quieran admitir.
Por ejemplo: el atentado a Chávez. Resulta que la información proviene de Rafael García y la repite como loro bien adoctrinado el testigo que tiene la dictadura chavista por la muerte de un Fiscal.
Sin embargo, lo mejor es que la versión sobre la conspiración resulta ratificada por el mismo individuo que se la imaginó: Rafael García fue el primero que habló de la supuesta conspiración y ahora, como si fuera otro testigo, viene a ratificar que la conspiración si es cierta porque él lo confirma. ¡Absurdo!
De otro lado, el gobierno venezolano, y sus seguidores colombianos (Petro y Piedad a la cabeza) diseñaron y ejecutaron un plan que buscaba dar al traste con la reelección y golpear seriamente a Uribe.
Sencillamente aprovecharon el escándalo del DAS, es decir, las declaraciones de Rafael García utilizando para esto a los idiotas útiles de Semana. Paralelamente, Chávez lanzó su presión con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y ya estaban listos los candidatos opositores para hacer el coro y culpar a Uribe de la salida de Venezuela de la CAN.
Claro que antes hubo un entremés en el que participó Evo Morales, hablando de falta de solidaridad de Colombia con Bolivia, porque no se le compra la soya más cara y porque nuestro país (el único de la región que lo hacía) no seguía pagando el sobreprecio ordenado por la CAN.
Lo de la salida de Venezuela dejó dos preguntas, cuyas respuestas confirmarían la conspiración: ¿Si Venezuela aprobó, en el marco de la CAN, que Colombia negociara un TLC con Estados Unidos, porqué ahora da semejante voltereta?
¿Si el TLC fue firmado en febrero, porqué Chávez tomó la decisión de sacar a Venezuela de la CAN solo después del escándalo del DAS?
Lo que va quedando claro es que los enemigos de la democracia encabezados por el comediante venezolano y su séquito de políticos colombianos, tenían un solo propósito: golpear a Colombia y aislar al país internacionalmente.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.
Las universidades, públicas y privadas, resultan ser la mejor expresión de las radicalizaciones que ocurren en el país.
A comienzos de este año, varios sectores del alto gobierno denunciaron la presencia de grupos terroristas al interior de las universidades. Las denuncias se presentaron unos días después de la muerte de un estudiante de la universidad Distrital como consecuencia del estallido de una bomba.
El estudiante, miembro del Polo Joven, murió por las lesiones que le produjo una canica.
Antes de las elecciones se supo que en varias universidades públicas del país, algunos activistas amenazaron a los alumnos con cerrar los centros académicos si no votaban por el candidato del Polo Democrático Alternativo. La amenaza fue de tal magnitud que muchos estudiantes de esas universidades pensaron en cambiar su voto para no padecer la parálisis violenta que anunciaban los promotores de la candidatura Gaviria.
Sin embargo, la respuesta terrorista del otro bando no se hizo esperar y en universidades como la Nacional y la de Antioquia comenzaron a circular amenazas e intimidaciones contra aquellos que se manifiestan abiertamente a favor de las ideas de izquierda.
La tensión en las universidades ha crecido después de las elecciones, pues los sectores radicales y violentos de derecha, han tomado un nuevo aire con los resultados de las presidenciales y se apropiaron de una parte del discurso de Uribe, específicamente el que denunció al “comunismo disfrazado”.
Incluso la BBC informó que esa tensión ha crecido por las acusaciones de que en varias universidades estatales hay infiltrados de la guerrilla y también por las amenazas de los grupos paramilitares contra profesores y estudiantes: En la Nacional vienen circulando panfletos firmados por grupos paramilitares que amenazan de muerte a todos los estudiantes que participen en actos terroristas. Hace dos semanas, un profesor y un grupo de alumnos fueron amenazados por el mismo grupo afín al paramilitarismo.
Además, en la universidad de Antioquia fueron amenazados 15 profesores, estudiantes y trabajadores por un grupo que se hace llamar Autodefensas Universidad de Antioquia.
Adicionalmente, esta crisis se agudizó después de la captura de Juan Carlos Duque Rodríguez, un terrorista del ELN que trabajaba en el reclutamiento de estudiantes en las universidades públicas de Bogotá.
El sujeto, estudiante de profesión, había cursado diferentes carreras en la Nacional y fue capturado cuando presentaba un examen de ingreso a la universidad Distrital. Tres días después de su detención, el terrorista se suicidó en el sitio de cautiverio.
Ante esta bomba de tiempo, la policía anunció que entrará a buscar bandidos y terroristas y que los uniformados realizarán requisas y registros en las universidades públicas de Bogotá.
Incluso el director de la Policía informó que buscarán sospechosos de pertenecer a la guerrilla. Sin embargo, craso error, el general Castro olvidó mencionar que también deben ser localizados y judicializados aquellos sospechosos de pertenecer a las Autodefensas.
Como siempre, si una estrategia es planteada con información insuficiente o parcializada, NUNCA dará resultado y lo cierto es que de las universidades se debe extirpar el cáncer de la violencia, provenga de donde provenga.
No se puede negar que en la Nacional, en la Pedagógica y en la Distrital se infiltran reclutadores y activistas del terrorismo, que incorporan elementos para sus grupos, como los Anarcos en Acción de las FARC, pero no se puede incurrir en la generalización que estigmatiza a los estudiantes de esas universidades.
Sin embargo, en nada ayudan los directivos de los centros universitarios públicos para mejorar el ambiente y reducir las sospechas. Por ejemplo, la respuesta del rector de la universidad Distrital fue prácticamente la confirmación de la existencia de esos grupos de izquierda pues afirmó que “no hay que criminalizar los movimientos sociales ni el libre ejercicio de las ideas”.
Cuando los movimientos sociales incurren en la agresión y violan los derechos humanos de los demás ciudadanos (seguridad, vida, integridad y movilidad), dichos movimientos pierden su razón de ser y se convierten en complots criminales.
A lo anterior se suman los continuos brotes de violencia que se presentaron en inmediaciones de esos centros académicos, unas semanas antes de las presidenciales. Esas expresiones violentas no pueden ser consideradas protesta social sino manifestaciones del barbarismo que padecen algunos sectores universitarios.
Además, estas acciones se registraron con especial preocupación, pues se hizo evidente el uso de nuevos y más potentes elementos en las bombas lanzadas contra los policías. También se puso de manifiesto la organización de los diferentes grupos terroristas al interior de las universidades, cuando realizan sus acciones de "protesta": cada grupo se encarga de una labor específica y se identifican con brazaletes.
En esto hay que ser claros: cuando los estudiantes de la Nacional protestaron por la reforma curricular, dieron ejemplo de lo que significa una protesta social que en ningún momento incurre en la violencia. Por el contrario, esos estudiantes demostraron que la unión y sobre todo, la fortaleza de propósitos, riñen con los actos violentos… y sin violencia, GANARON.
Estas tensiones y las manifestaciones violentas, requieren especial atención por parte de las autoridades, pues es urgente impedir que las universidades públicas se conviertan en el nuevo campo de batalla de los terroristas.
Ante el panorama actual, es indispensable que se revisen los procesos de admisión y de permanencia en las universidades públicas, pues esos alumnos que tienen la profesión de estudiantes, son los que generalmente se dedican al reclutamiento y generan serios problemas tanto para la población estudiantil como para la ciudadanía.
Adicionalmente, esos de profesión estudiante, además de sus actividades ilegales, niegan oportunidades de estudio a otros colombianos, pues en el marco de aquellas ideas que promueven la igualdad, resulta incongruente que un estudiante pueda cursar hasta cuatro carreras, quitándole el cupo a tres alumnos diferentes que podrían así aspirar a tener un mejor futuro.

Por: Angela Cuevas de Dolmetsch.
Durante la pasada campaña electoral, los más opcionados candidatos a la Presidencia se manifestaron reiteradamente sobre lo social y lo económico, dos temas imposibles de separar.
No hay consenso en cómo se financian las áreas cuya obligación constitucional tiene el Estado como son la salud y la educación. Se habla de más impuestos para la guerra, mientras que la inclusión de productos de la canasta familiar con el gravamen del impuesto indirecto o IVA sólo ayuda a hacer más dura la carga de los más necesitados, en un país donde poco se dice de la enorme brecha entre los que tienen y los que no tienen.
Tampoco se habla de las metas del milenio suscritas por el Banco Mundial, la ONU y los países en desarrollo para reducir en el mundo, antes del 2015, a la mitad el número de personas que vive en extrema pobreza.
Precisamente, estos organismos internacionales han llegado a la conclusión que sólo si se combate seriamente la corrupción se podrá cumplir esa importante meta del milenio.
Los sobornos, el CVY, la desviación de recursos, los sobrecostos de las compras del Estado, la evasión del régimen contributivo de salud, la evasión de impuestos y las componendas no sólo impiden el desarrollo y profundizan la pobreza, sino que contribuyen al aumento de la deuda externa, en perjuicio de los menores, que tendrán que pagar con una carga impositiva mayor, lo que esta generación se ha robado.
En Colombia, según datos de la oficina de la Vicepresidencia, se pierden anualmente $14.5 billones en corrupción que equivale al ingreso anual de dos millones y medio de colombianos.
Mientras Serpa aseguró que, aunque algún dirigente liberal dijo que la corrupción debe tener sus justas proporciones, él aboga por eliminarla. Mockus propuso una pedagogía ciudadana e implementó en los talleres de su campaña ejercicios en que las personas tenían que decir si es peor robarle al vecino que robarle al Estado.
Uribe ha dicho que en su gobierno no ha habido un solo acto de corrupción que él haya tolerado y que la corrupción electoral no depende de él, pues tanto la Registraduría como la Corte Electoral son independientes.
Gaviria dijo que hay que extremar los controles, hacer cumplir las leyes, que no se pueden eliminar las contralorías como lo propuso Uribe en el referendo y que las penas por corrupción deben ser ejemplarizantes para que robar no sea un buen negocio.
La corrupción no es sólo interna. Hasta que la Convención Antisoborno no entró en vigor en 1999, las elites políticas y económicas del mundo desarrollado toleraban el soborno practicado en el extranjero por parte de las multinacionales y en algunos países, los sobornos eran deducibles de los impuestos.
Hoy en día, 1.500 corporaciones de todo el mundo son signatarias del Pacto Global de la ONU. Debería ser una exigencia del próximo gobierno que sólo puedan participar en las licitaciones públicas las empresas que se adhieran a este pacto, transfiriendo por lo menos en un principio a los organismos internacionales la selección de los contratistas y así dando un paso adelante para controlar el terrible cáncer de la corrupción.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.
La despenalización del aborto no es solo un tema legal. Por el contrario, es un asunto que involucra principios éticos y morales que no pueden pasar desapercibidos.
Hay una corriente que, por las mismas razones, ve el aborto como un asunto válido y respetable, por lo cual, abogan para que la despenalización sea completa y la decisión quede en cabeza de la mujer embarazada. Los postulados de esa corriente, más temprano que tarde, serán acogidos finalmente por la ley colombiana, pues las tendencias mundiales y la fuerte presión que vienen haciendo, terminará en la legalización.
Pero otros creemos que la vida debe ser respetada desde el momento de la concepción y por tal motivo, moralmente condenamos el aborto y lo vemos como el asesinato de un ser indefenso.
Sin embargo, esa posición, por si misma, no ofrece ninguna alternativa de solución a los problemas reales que enfrentan las parejas o las mujeres abandonadas que, por abuso, irresponsabilidad, ingenuidad o desconocimiento, resultan embarazadas.
Los que estamos en contra del aborto no podemos simplemente soñar con la utopía de la castidad y la virginidad hasta el matrimonio, pues más allá de los principios y valores promovidos en casa, hay un bombardeo permanente (inmisericorde) que muestra el sexo como una simple manifestación animal y no como una expresión de afecto.
A ese bombardeo están sometidos día, tarde y noche nuestros adolescentes y jóvenes, quienes además cargan con las presiones de sus grupos sociales para que emprendan la vida sexual activa, sin permitirles que tengan una visión responsable frente al tema.
Esta realidad genera un gran conflicto en muchas familias: principios y utopías, frente a realidades y vida práctica. Usted y yo podemos brindar los principios más sólidos, la fe más consecuente y los valores más fuertes que tengamos al alcance; pero nuestros hijos quedan en medio del fuego cruzado entre lo que se cree y lo que se practica.
Ante esto, muchas familias entran en caos, pues si a todo lo anterior se suman los dogmas religiosos, el asunto se torna inmanejable.En este sentido, muchos hemos asumido una posición pragmática para nuestra vida y la de nuestros hijos: decidir entre aborto e información para una vida sexual responsable.
Asumimos primero que el bombardeo puede calar en la vida de nuestros hijos y no podemos exponerlos a ser asesinos (de acuerdo con nuestros principios) o a condenarse a llevar el peso de un momento de irresponsabilidad por el resto de sus vidas.
Entonces, frente a ese dilema, tomamos el camino de la información y de quitar los tabúes que se han creado en torno al sexo.
Desde muy pequeños, comenzamos a trabajar el asunto de informar a nuestros niños lo que quieren saber frente al tema: sin sonrojarnos (eso es bien difícil al principio) suministramos la información de manera comprensible, para que ellos la digieran sin mayores dificultades… eso si: solo respondemos lo que nos preguntan, sin extendernos a otros aspectos que no han despertado aún la curiosidad de los menores.
A medida que pasa el tiempo, las preguntas se vuelven más concretas y las respuestas se convierten en un tema de conversación familiar en la que se tratan los temas sin cortinas que oculten o manipulen la información.
Paralelo a esto, hacemos un trabajo de información sobre los métodos de protección y planificación.
Los que no tenemos la camisa de fuerza de traer la cantidad de niños que “Dios mande”, somos privilegiados porque podemos mostrar, con el ejemplo, la responsabilidad de planificar adecuadamente una familia.
Entonces, las pastillas anticonceptivas, o las inyecciones o el método que se utilice, resultan familiares ya para nuestros niños, quienes ven que esa decisión es un acto de responsabilidad ante el futuro de ellos y de nosotros, por supuesto.
Además, trabajamos en romper por completo el tabú del condón como una medida de protección ante la amenaza que representan las Enfermedades de Transmisión Sexual, ETS. Obviamente, también informamos que el preservativo es una forma de anticoncepción que sirve en un momento de emergencia hormonal.
Creemos que a los niños, adolescentes y jóvenes hay que nutrirlos de información sobre los métodos de planificación y de protección, pues de esto depende en buena medida que no recurran al tenebroso plan B del aborto.
Además, los protege de una condena a muerte con el SIDA, o de una marca permanente como la Sífilis.
Entonces, frente al aborto no se requieren leyes que promuevan la corrupción o la muerte de las mujeres gestantes, sino conocimientos provenientes de los hogares, pues hay que evitar que la desinformación sea suministrada por el grupito de amigos que, mal informados, terminan por confundir y hacen que se incurra en errores irreparables como el contagio de ETS, o los embarazos no deseados o el aborto como una salida cuyas consecuencias se convierten en una pesada carga en la conciencia de quien segó esa vida.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso
La última columna de Alfredo Molano en El Espectador es una patética muestra de lo desinformado que puede estar uno de los “intelectuales” más reconocidos por ciertos sectores del país.
En dicha columna, titulada La verdadera pesadilla, Molano hace una grave denuncia sobre la impunidad que ha rodeado varios casos en los que se han visto implicadas tropas del Ejército.
En uno de los apartes, Molano afirma:”La impunidad se reproduce. El caso de Anaime, Cajamarca, está en la misma línea. Se recordará: una familia corría por la carretera hacia el hospital porque uno de sus hijos gritaba de dolor de oído. Los “orgánicos del Batallón Pijao” gritaron a su vez ¡alto! y dispararon. Resultado positivo: tres adultos y dos niños muertos. Culpable, según el general Ospina: las condiciones meteorológicas”.
Este párrafo está construido con una idea general (la impunidad) y luego entra a describir dicha idea, mostrando un ejemplo que la sustenta, es decir, el caso Cajamarca.
Lo que Molano quiere decir es que en esa masacre, los autores del crimen han escapado a toda investigación tendiente a permitir su imputación, arresto, juzgamiento y condena.
Pero en el caso específico de Cajamarca, lo que dice Alfredo Molano es una total mentira, que obedece a la pereza de informarse o al propósito concreto de desinformar... claro, también puede incluirse la intención de mentir para fortalecer sus torcidos argumentos, pues sabe bien que siempre gozará de la impunidad moral que le brindan sus confundidos lectores.
En el crimen de Cajamarca algunos podrían opinar que la justicia ha sido lenta y que las declaraciones oficiales después de los hechos fueron apresuradas y erróneas. Pero de ahí a falsear la información, deliberadamente, para ocultar los hechos jurídicos que están ocurriendo en el proceso investigativo hay un trecho inadmisible.
Después de ocurrida la masacre de los cinco campesinos, la Justicia Penal Militar y la Fiscalía iniciaron la investigación y durante el proceso se presentaron dos colisiones de competencia: la primera fue resuelta en favor de la Justicia Penal Militar que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a los involucrados.
Sin embargo, La segunda colisión se planteó al atenderse una prueba de balística allegada a la investigación. En esa oportunidad, la competencia fue asignada a la justicia ordinaria. Así, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de la Justicia Penal Militar e impuso medida de aseguramiento a los investigados por el delito de homicidio en persona protegida.
Esto significa que la justicia ordinaria (la Fiscalía en este caso) asumió de lleno el proceso, evitando que se tendiera un manto de impunidad sobre la muerte de los campesinos, como lo intentó hacer, en su momento, la Justicia Penal Militar.
Además, la Fiscalía no solo logró apoderarse de la investigación, sino que ya hay importantes resultados en el proceso judicial.
El 1 de febrero de este año, la Fiscalía llamó a juicio, por el delito de homicidio en persona protegida, a siete militares implicados en la masacre. La resolución de acusación de la Fiscalía señaló que un suboficial y seis soldados profesionales tienen responsabilidad en la muerte de los cinco civiles (entre ellos dos menores de edad) en la acción ocurrida en Cajamarca, Tolima.
Posteriormente, el 30 de mayo pasado, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra otros dos militares, un oficial y un suboficial, quienes comandaban la unidad militar que asesinó a los cinco campesinos.
Los dos uniformados fueron acusados de homicidio múltiple agravado, desaparición forzada, tortura, secuestro y hurto.
Además, el oficial, un capitán del Ejército, fue acusado de falso testimonio y falsedad ideológica en documento público. Este oficial está detenido en la cárcel La Picota en Bogotá.
Es que la investigación de la Fiscalía no solo se concentró en la masacre, sino que analizó las actividades de la unidad militar en la región. En esas pesquisas encontró que los comandantes militares habían robado varias cabezas de ganado para luego sacarlas de la zona y venderlas en ciudades como Bogotá, Ibagué y Armenia.
De igual forma, la Fiscalía hizo un contraste de pruebas y encontró que las declaraciones del oficial al mando sobre la muerte de los campesinos, contradecían las evidencias encontradas en el sitio de los hechos.
En resumen, hasta el momento la Fiscalía ha llamado a juicio a un suboficial y a seis soldados profesionales y tiene detenidos y en vísperas de ser llamados a juicio, a un oficial y a un suboficial que comandaban la unidad militar. Esto significa que, penalmente, nueve militares están respondiendo ante los estrados judiciales por los hechos de Cajamarca… ¿esto se llama impunidad?
No imagino la desazón que sentirán los fiscales que están investigando la masacre de Cajamarca cuando leen que, pese a sus esfuerzos y a los RESULTADOS, un columnista habla de impunidad en el caso.
Pero los hechos son los hechos, y las decisiones judiciales están ahí, al alcance de cualquiera que tenga la buena fe de informar a sus lectores con situaciones reales (en este caso incontrovertibles), pues difundir la apariencia de una impunidad generalizada tiene un propósito claro: alarmar a los lectores con falsedades urdidas para generar una necesidad de cambio mediante la instauración de un nuevo modelo de Estado.
Parece que mientras la impunidad judicial se reduce, la impunidad moral crece en las huestes de aquellos prepotentes que abusan de la credibilidad otorgada por sus ingenuos, ignorantes o desinformados lectores.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.
Es innegable que el sistema Transmilenio es un gran paso para facilitar la movilidad de los ciudadanos y permitir la organización del complejo tráfico de una ciudad con más de 7 millones de habitantes.
Además de la reducción en el tiempo de los recorridos, Transmilenio ofrece un transporte mucho más seguro para los usuarios, pues al tener carriles exclusivos, la posibilidad de accidentes se reduce enormemente.
Por eso, cuando se evidencian los progresos del Sistema y se inaugura una nueva fase, muchos sentimos cierta satisfacción al ver que el dinero de los impuestos se está dedicando a ofrecer soluciones estructurales al viejo problema del transporte en Bogotá.
Pero la improvisación en la última fase de Transmilenio, la que fue inaugurada el pasado 1 de mayo, resulta alarmante y desnuda la ausencia de gerencia y de conocimientos sobre la operación de un complejo sistema de transporte masivo.
Comencemos por lo simple: para atender esta nueva fase, que tiene una longitud de 30 kilómetros, se necesitaban más buses, pues las nuevas troncales equivalen al 36% del total del Sistema (84 kilómetros están actualmente en operación). Sin embargo, la Administración inauguró la nueva fase sin aumentar el número de articulados.
Ahora, con el problema encima, la Administración Distrital anunció que en octubre se completarán los 200 buses articulados que se requieren para operar la nueva fase…. ¿hasta octubre? Si, la falta de visión y la ausencia de decisiones lógicas frente al proyecto obligarán a los usuarios a padecer el déficit durante cinco meses más.
¿Y porqué no se contrató el ensamblaje de los buses cuando comenzó la construcción de la nueva fase? Primero porque no se ha cumplido con la chatarrización de los vehículos de transporte público que siguen disputando pasajeros en algunas de las troncales.
Segundo, porque los negociantes del transporte colectivo (muchos de los cuales son también accionistas de las empresas operadoras de Transmilenio) visualizaron el caos y esperaron con paciencia a que detonara la crisis en el Sistema, para cobrar más por los vehículos a chatarrizar y también para intentar mantener algunas rutas en los corredores de Transmilenio.
Es claro que no se invierten casi 400 millones de pesos en un bus articulado para dejarlo parqueado: pero también es cierto que esos buses que ya estaban listos, pudieron entrar a las rutas que ya operaban, mientras terminaba la construcción de las troncales Suba y NQS.
Pero no hubo iniciativa, ni se ejerció una concertación con los dueños de las empresas propietarias de los articulados, ni con los transportadores colectivos, para que tuvieran listo y disponible el parque automotor necesario para atender la demanda.
Otro enorme problema que se presentó en el Sistema es que se acabaron las tarjetas para que los usuarios pagaran por el servicio. Durante el paro del 3 de mayo, en todas las estaciones se vieron largas filas de usuarios que solo podían comprar un pasaje.
Ese día, los funcionarios de las taquillas tuvieron que recurrir al ingenio y a solucionar el problema hasta con vales a mano y firmados por ellos mismos, pues no habían tarjetas para la operación adecuada del Sistema.
Naturalmente durante el paro, muchos pensamos que el problema se debía a la ausencia de otras opciones de transporte para los bogotanos y que esa situación había multiplicado el número de usuarios de Transmilenio.
Pero terminó el paro y el problema siguió: no había suficientes tarjetas para atender la demanda y Transmilenio tuvo que recurrir a tiquetes de papel para que los usuarios pudieran ingresar al Sistema.
¿Y Angelcom? Esta es la empresa encargada del recaudo en el Sistema y quedó demostrado que los cogió por sorpresa la entrada en funcionamiento de las troncales Suba y NQS, anunciada durante más de dos años.
Lo que resulta curioso, por decir lo menos, es que Angelcom es la operadora de recaudo de la fase I, mientras que la Unión Temporal UT Fase II es la encargada del recaudo en la NQS y la troncal Suba. Sin embargo, ¡oh sorpresa!, ambas empresas tienen exactamente la misma dirección y los mismos teléfonos. Entonces, en la práctica, Angelcom (o como quiera que se disfrace), es la operadora del recaudo de todo el Sistema.
Entonces, ¿cómo puede sorprender una situación que fue anunciada y supuestamente planificada por la Alcaldía y por las directivas de Transmilenio? Resulta absurdo que con dos años de avisos, demoras y construcción, Angelcom y la Alcaldía no hubieran tomado las medidas necesarias para que los usuarios tuviesen un servicio rápido y eficaz al pagar sus pasajes.
¿Dos años para ordenar la elaboración de unas tarjetas magnéticas (estilo tarjetas de crédito)? Eso es el colmo de la improvisación y de la falta de gestión. ¿No sabían que, por ejemplo con la troncal Suba, ingresaban de una sola vez al Sistema, 14 nuevas estaciones? Pues si lo sabían y no hicieron nada para facilitarle la vida a los usuarios y ser eficientes en la prestación del servicio.
Entonces, con el ingreso de la nueva fase, los usuarios se enfrentaron a dos situaciones inadmisibles: no habían buses para satisfacer la demanda y tampoco encontraron tarjetas para ingresar al Sistema. Y eso que no hablamos de las rutas alimentadoras, porque en ese tema las cosas son mucho peores.
En medio de semejante caos por falta de gestión y planeación, los usuarios crearon la Asociación de Usuarios Damnificados por Transmilenio, cuya capacidad de convocatoria les ha permitido realizar protestas en varias estaciones y obstaculizar el servicio del Sistema por varias horas.
Esa Asociación ha pedido una y otra vez que el Alcalde se reúna con ellos porque la situación es desesperada: usuarios que antes se demoraban 10 minutos para abordar un articulado, ahora tardan más de una hora esperando un bus que tenga, en algún rincón, un lugar en el que se pueda movilizar el pasajero.
Y esto ocurre en las troncales iniciales del Sistema (Caracas – Autopista Norte – Calle 80), pues muchos articulados de esas rutas han sido desplazados para cubrir la demanda de la nueva fase, lo que evidentemente es un contrasentido, porque el número de usuarios es el mismo, pero ahora tienen menos buses para atenderlos.
Claro… no todo es malo: mientras terminan de construir el sistema de transporte masivo de Pereira, 20 articulados de esa ciudad prestan el servicio en Bogotá.

¡Qué horror!

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

El renovado uribismo hizo su relanzamiento con el nombramiento de Nilson Pinilla como magistrado de la Corte Constitucional. Con 57 votos a favor, el jurista de origen conservador llega a la Corte que tiene la misión de vigilar el apego estricto a la Constitución.
Con esta decisión, la bancada uribista demuestra que uno de los objetivos del próximo periodo presidencial será conjurar el desbordamiento que se ha presentado en la aplicación de la acción de tutela. Frente a esto, Pinilla es claro: “no hay conquista política más valiosa que la acción de tutela”, pero a renglón seguido anota: “hay que analizarla para racionalizarla, fortalecerla y no abusar de ella”.
Sin embargo, los fallos la Corte Constitucional pocas veces han dejado satisfechos a todos, y sus fallos en muchas ocasiones han desbordado sus funciones como máximo organismo judicial para el control constitucional.
Una Corte Constitucional que se abroga el derecho a legislar, a cambiar las decisiones del Congreso y a incluir puntos dentro de una ley que está sometida a un control constitucional, simplemente está traspasando la frontera de sus funciones constitucionales. En este sentido (podrán refutarme los expertos), jamás entenderé como se puede hacer un control constitucional a una reforma constitucional que justamente va a reformar una Constitución.
Supongo que ese control constitucional debe concretarse en que la reforma no contradiga otros puntos de la Carta Política y si lo hace, pues hay mecanismos legislativos para reanudar su trámite o declararla inconstitucional.
Además, el continuo choque de trenes entre las altas cortes es un enorme problema que genera inestabilidad jurídica, en especial, por las decisiones contradictorias en cuanto a la tutela, concretamente cuando ampara derechos sobre sentencias judiciales.
No es absurdo pensar entonces que la elección de Pinilla apunta seriamente a encausar la acción de tutela, dándole un marco claro para su aplicación y, sobre todo, buscando evitar los constantes enfrentamientos entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional.
No obstante, el futuro próximo de los organismos de control debe ser asumido con seriedad por la bancada uribista, pues se avecina la elección del Registrador y del Contralor General.
No parece correcto que esos dos cargos queden en manos de los sectores afines al uribismo, pues esto deslegitimaría cualquier decisión de ambos funcionarios y de paso, acarrearía sospechas sobre la disposición del gobierno: en este asunto, la bancada uribista no puede salirse del viejo precepto según el cual “la reina no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo”.
Es más: dentro de la bancada uribista hay un sector que propone que estos cargos queden por fuera de la discusión y de los acuerdos burocráticos: Armando Benedetti señaló que “lo mejor es que ni la Contraloría ni la Registraduría hagan parte de esos acuerdos”.
En cuanto a la Registraduría, ésta debería ser dirigida por algún miembro de la oposición, sobre todo cuando existen aquellas acusaciones (que no han sido probadas) sobre fraude electoral en 2002. A esto hay que añadirle que las elecciones del 28 de mayo, a pesar del reconocimiento de transparencia que hicieron los veedores internacionales, están muy recientes y es evidente que con el tiempo saldrán escándalos sobre posibles fraudes electorales.
No es que las denuncias sean ciertas, pero la estrategia fue planteada por el Polo Democrático unos días antes de las elecciones. De esta manera, no será una sorpresa cuando suban la voz y comiencen a lanzar acusaciones a diestra y siniestra para deslegitimar al gobierno Uribe.
Entonces, si el Registrador es del círculo uribista, lo que diga no tendrá credibilidad y sus afirmaciones siempre estarán oscurecidas con el manto de la duda. No obstante, si el Registrador proviene de algún sector de la oposición, pues sus determinaciones tendrán cierta aura de transparencia y, de paso, callará las voces de aquellos que de una pequeña anomalía logran hacer un escándalo con repercusiones mundiales.
Si un Registrador Nacional de la oposición afirma que las elecciones fueron transparentes y que las denuncias fueron investigadas y no se encontró nada, la oposición quedará sin elementos de ataque y, de obrar por fuera de la decisión de su copartidario, serán vistos como irreflexivos e irresponsables, pues habrán perdido elementos para la confrontación ya que la decisión proviene de alguien alineado con sus posiciones.
En cuanto a la Contraloría, la entidad es un elemento clave para el control de las gestiones de gobierno. De hecho, el Contralor actual mostró independencia y encendió las alarmas sobre decenas de situaciones que ameritaban una rectificación en el rumbo, como la venta de Telecom a Carlos Slim.
Si el uribismo quiere que el segundo periodo de Uribe tenga una percepción de transparencia, debe plantearse la posibilidad de abrir los espacios para que la oposición asuma el manejo de esos organismos de control, pues cada alarma deberá estudiarse con detenimiento y cada silencio implicará que la ruta tomada es la correcta.
Además, la conducción de los organismos de control por sectores diferentes al uribismo, les garantizaría un espacio para emprender, por fin, el camino de la oposición seria, reflexiva y responsable.
Es que si el Contralor, por ejemplo, pertenece al Polo, sus cuestionamientos no podrán ir más allá de la ley y la oposición carecerá de argumentos para dudar de la perspectiva del funcionario. Además, esto permitirá que las críticas sean fundamentadas y que el contrapeso se haga desde la realidad.
De igual forma, siguiendo con el ejemplo, perdería fuerza el ejercicio opositor de la crítica a ultranza y necesariamente tendrían que entrar a jugar un nuevo papel en la historia del país: las propuestas.
No se entendería ni tendría credibilidad que si el Contralor pertenece a la oposición y aprueba una gestión (acorde a la ley), la misma oposición cuestionara la decisión que el propio Contralor avaló. Por el contrario, teniendo un vocero de la oposición en un organismo de control, la oposición tendría que asumir una tarea mucho más constructiva, elaborada y pensada, como es la del planteamiento de propuestas y salidas alternativas para el problema.
Eso si: en el marco de una oposición seria, se espera que, por lo menos, no se vea el vergonzoso espectáculo que han protagonizado con los gobernantes surgidos de esos sectores, que además de cuestionarlos por todo, los han abandonado a su propia suerte y les han dado la espalda en momentos críticos del ejercicio del gobierno: Lucho Garzón, Angelino Garzón y el cura Ochoa en Soacha han sido atacados fuertemente por su partido y en los momentos cruciales, han sido abandonados a su suerte.
Entonces, el primer reto es construir un verdadero escenario en el que tanto oficialismo como oposición, convivan y trabajen por un propósito común: el interés general de la nación.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso
“Hay que convocar una Asamblea Constituyente”. Esta frase ya parece de cajón cuando de procesos de paz se trata: todos, sin excepción, aspiran a modificar la Constitución para adaptarla a sus necesidades y expectativas.
La Constitución del 91 fue el resultado de tres circunstancias que confluyeron para que se hiciera realidad la “muerte” de la Constitución de 1886: el proceso de paz con el M-19, la séptima papeleta y los intereses de Pablo Escobar Gaviria.
En 1989 el gobierno Barco propuso un referendo extraordinario “por la paz y la democracia” para validar los acuerdos alcanzados en el proceso de paz con el M-19. “Sin embargo, la presión violenta del narcotráfico para que con ocasión de esta consulta el pueblo se pronunciara también sobre la extradición, obligó al gobierno a hundir la totalidad del proyecto”.
Pero el asunto tomó fuerza entre los movimientos estudiantiles que impulsaron la séptima papeleta para “protestar contra la corrupción y el estancamiento en la política. La Séptima Papeleta fue el instrumento democrático que, en las elecciones de 1990, abrió las compuertas que impedían la realización de una Asamblea Constituyente”.
Efectivamente el nuevo gobierno de César Gaviria recibió este mandato y promulgó un decreto convocando a los colombianos para que eligieran a los miembros de la Asamblea.
Sin embargo, esa compuerta abierta por los estudiantes fue aprovechada por Pablo Escobar Gaviria, quien tenía el propósito de presionar a la nación para que se prohibiera la extradición. Después de utilizar el terrorismo como medio disuasivo, Escobar Gaviria recurrió a su enorme fortuna para manejar los hilos de la Constituyente. Según ‘Popeye’, varios miembros de la Asamblea fueron sobornados y el resultado fue la prohibición constitucional de extraditar.
Esto significa que los tres factores, uno de protesta (los estudiantes), uno de legalización (el M-19) y otro de intereses criminales (Los Extraditables) unieron voluntades para promover la Constitución del 91.
Tiempo después la frase “hay que convocar una Asamblea Constituyente” se escuchó en Tlaxcala, en Maguncia y más recientemente en San Vicente del Caguán.
Sin embargo, 15 años después de promulgarse la Constitución de Colombia, otra vez se vuelve a escuchar la frase ”hay que convocar una Asamblea Constituyente”. En esta oportunidad la exigencia viene de Ernesto Baez, jefe político de las Autodefensas.
Es que la decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley de justicia y paz tiene a los 32 comandantes paramilitares en sesión permanente, supuestamente analizando la decisión de la Corte y, en teoría, buscando salidas “políticas” para el nuevo escenario que plantea el ajuste de dicha ley al ordenamiento constitucional.
¿Para qué convocar una Asamblea Constituyente? El propio Baez lo explicó: “la Corte Constitucional viene vulnerando la democracia al punto que ha asumido funciones que no le competen, desconociendo la independencia del poder legislativo”.
Esto significa que las Autodefensas quieren modificar la Constitución para quitarle poder a la Corte Constitucional (dirán que si de paso pueden acabarla, mucho mejor) y también, por añadidura, promover la no extradición de colombianos.
De alguna manera el país sigue viviendo lo ocurrido en 1990, cuando el M-19 quería legitimar los acuerdos y requería una nueva Constitución hecha a su medida y también, cuando Los Extraditables necesitaban con urgencia una barrera constitucional frente a la amenaza de la extradición.
Ahora, el lugar del M-19 y de Pablo Escobar lo ocupan las AUC, que pretenden tener una Constitución adaptada a sus necesidades y expectativas: sin barreras constitucionales y sin extradición.
De ocurrir esta situación, tendremos una situación muy compleja, pues cada vez que se culmine un proceso de paz el país tendrá que someterse y ajustarse a las necesidades de los que fueron violentos, premiándolos con la adaptación de la legislación a sus intereses.
Ya Colombia lo hizo una vez y ahora los paramilitares quieren repetir la historia, convencidos de que sus crímenes atroces merecen el premio de someter a los ciudadanos a su visión del país.
Una cosa es que la Constitución del 91 requiera ajustes y otra muy distinta es que se de un proceso de modificación para satisfacer los intereses de los violentos.
Entonces, cuando tarde o temprano el ELN y las FARC firmen acuerdos de paz, esas organizaciones incluirán el compromiso de reformar la Constitución para acomodarla a sus propios intereses y objetivos, pues deben ser, en teoría, bien diferentes a los que tienen los jefes paramilitares… ¿y si los procesos con el ELN y las FARC culminan en tiempos distintos, tendríamos dos nuevas Constituciones?
Si algo se ha dicho, no se que tan cierto sea, es que la Constitución del 91 brinda las condiciones para que quepamos todos en este país y ese todos necesariamente debe incluir a los violentos y terroristas que retornen a la vida civil… entonces, ¿para qué arriesgarnos a jugar con la Constitución para cambiarla por completo, cada vez que sea necesario, y así beneficiar los intereses de los violentos?
La endeble estabilidad jurídica y política debe defenderse a toda costa, pues si bien es cierto que se pueden discutir algunos asuntos de la Constitución del 91 y hacerlos realidad mediante el trámite legal de un Acto Legislativo, la simple exigencia de cambiar enteramente la Constitución es un atentado contra la seguridad jurídica del país.