Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.
Este que termina, como todos los años, deja sabores agridulces para Colombia.

Imposible negar que 2006 fue difícil en política. Comenzó el año con un Presidente dubitativo, muchas veces como si se hubiese dormido en sus laureles o en el cansancio propio de “trabajar, trabajar y trabajar”, que parece lo llevó a un sueño profundo del que, todavía hoy, no lo vemos despertar del todo.

Después llegaron las elecciones para el Congreso y el panorama fue confuso: eran tantos y tan variados los candidatos, que muchos electores decidieron depositar el voto por un nombre conocido, ignorando si era bueno o malo, si tenía proyectos o no.

Y ni hablar de las elecciones presidenciales: la pobreza de las propuestas, las descalificaciones permanentes, la guerra sucia, la campaña de bombardear cada fin de semana con un refrito del mismo escándalo y la ausencia del candidato-presidente en los debates; se constituyen en el mejor resumen de lo ocurrido.

Luego vino la rapiña burocrática: La Registraduría no había terminado de entregar los resultados, cuando algunos congresistas de la “coalición” de gobierno ya reclamaban puestos y pedían a gritos una crisis ministerial para repartir los cargos de acuerdo al “nuevo mapa político”.

Y finalmente estalló la para-política, cuyas consecuencias son impredecibles por el hambre que padecen algunos sectores que pretenden hacer una cacería de brujas… ojalá se conozca TODA la verdad de los vínculos entre políticos y violentos, y no solo se busque la conveniencia de arrasar, judicialmente, a los políticos con relaciones con las AUC y sea esta la estrategia para proteger los intereses de aquellos políticos que mantienen, conservan y cuidan sus relaciones con las FARC y el ELN.

Y aquí viene la primera urgencia del país en 2007: pensar en los mecanismos para que el elector no tenga la posibilidad de votar por alguien cuestionado, ni con vínculos con sectores violentos. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía conocieran los nombres desde hace más de dos años y NINGÚN organismo (Procuraduría, Consejo Electoral, Registraduría) tuviera los instrumentos para bloquear esas candidaturas?

Es cierto que la presunción de inocencia debe brillar por encima de cualquier consideración, pero si existe una investigación en curso, mientras no se resuelva, debe impedirse que un ciudadano opte por una curul o un cargo de elección popular.

Obviamente muchos inocentes verán truncadas sus carreras, pero eso es preferible a correr el riesgo de llegar a la ingobernabilidad o al cierre del Congreso por sustracción de materia: el bien común debe primar sobre el bien particular.

Además, el año que comienza traerá las elecciones regionales en octubre en las que serán elegidos gobernadores y alcaldes, uno de los botines políticos más apetecidos por los violentos, que ven en los recursos de las regiones, un apetitoso bocado que quieren devorar: Arauca, Meta, Putumayo, Casanare, Caquetá, Guajira y Nariño (con sus respectivos municipios) son departamentos que están en la mira de las FARC y del ELN; mientras que Sucre, Córdoba, Cesar, Bolívar y Magdalena son fortines que quieren obtener o mantener la tercera generación de las Autodefensas.

Ante este panorama se hace urgente la reforma, pues no solo con el control de las regalías y de los presupuestos municipales y departamentales se cortará la financiación de los violentos: los ciudadanos tenemos el derecho de conocer los nombres de los investigados y saber que aquel candidato por el que votamos, no tiene vínculos con violentos, ni con criminales ni con narcotraficantes.