Fumigación en la frontera con Ecuador
14 diciembre 2006
Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso
La guerra contra los cultivos ilícitos es cada día más compleja. De hecho, parece que cualquier estrategia que se emprende para mitigar sus efectos es rápidamente contrarrestada por los delincuentes.
El último capítulo de esta guerra se está viviendo ahora en la frontera de Colombia con Ecuador.
Hace 10 meses el gobierno colombiano decidió suspender la aspersión aérea en la zona de frontera e implementar la erradicación manual. Sin embargo, en menos de un año la zona registró un crecimiento de 10 mil hectáreas cultivadas lo que generó la decisión de reiniciar la fumigación aérea de cultivos ilícitos.
En Colombia, la meta constante es reducir el número de hectáreas de cultivos ilegales, por lo cual, un aumento en los sembradíos de coca resulta inconveniente para dicho propósito que tiene como telón de fondo, golpear las finanzas de las organizaciones criminales.
La solución ejecutada durante este año, la erradicación manual, logró la eliminación de más de 40 mil hectáreas de coca y amapola en todo el país, aunque semejante cifra se consiguió con un gravísimo riesgo para la seguridad y la VIDA de los erradicadores y de quienes les prestan seguridad.
Basta con recordar el enorme esfuerzo que se hizo en la serranía de La Macarena para entender la dimensión del peligro: según cifras oficiales, 26 policías y 12 erradicadores (campesinos todos), murieron en el proceso de erradicación manual gracias a las trampas, minas antipersona y emboscadas de las FARC, que tienen en ese parque nacional las tareas de sembrar, cultivar, proteger los cultivos, cocinar y empacar los narcóticos destinados a satisfacer la enorme demanda internacional.
Ante semejantes cifras, casi 40 muertos, la decisión fue emprender la fumigación aérea con Glifosato y Cosmoflux en el parque de La Macarena a la que muchos sectores nos opusimos en su momento porque creíamos ingenuamente que con la erradicación manual se podría evitar el uso de los agroquímicos… pero fue una equivocación que en La Macarena costó la vida de casi 40 colombianos.
Aunque en la frontera con Ecuador no se presentó una masacre como la ocurrida en La Macarena, lo cierto es que el crecimiento desbordado de los cultivos demostró que con la erradicación manual era imposible combatir la extensión de sembrados ilegales en la zona, pues al tiempo que se erradicaba una hectárea, los narcoterroristas sembraban tres.
Esto significa que de seguirse usando de manera exclusiva la erradicación manual, además de la vida de muchos colombianos erradicadores, también se pone en riesgo el trabajo que por años han realizado el Gobierno y las Fuerzas Armadas para debilitar las finanzas de las FARC: sencillamente con la extensión de cultivos ilícitos quedan en riesgo la vida de miles de personas en todo el país, por cuenta del terrorismo de las FARC.
Claro que cualquiera de las dos fórmulas, aspersión aérea o erradicación manual, generan un desplazamiento de cultivos a otras zonas, lo que significa que mientras en una región se aplica la guerra contra las drogas, en otra surgen los cultivos, el desplazamiento de campesinos, el robo de tierras y, por supuesto, la esclavitud de miles de colombianos que ofician como recolectores de la hoja de coca.
El panorama entonces es complejo, pero la oportunidad para la erradicación manual, lejos de ser apoyada, contó con la infaltable crítica de múltiples sectores que señalaron una supuesta improvisación en el programa de erradicación manual.
Lamentablemente ese no fue el problema: el asunto de fondo es que las FARC no son precisamente defensoras del medio ambiente y les interesa muy poco lo que pueda pasar con la naturaleza o con los campesinos que por un bajo sueldo, trabajan largas jornadas en el programa de erradicación manual.
La fumigación en la frontera con Ecuador es una decisión coherente con la realidad y sobre todo con la decisión de combatir a las FARC desde la fuente de financiación, pues el incremento de cultivos ilícitos en la zona no daba espera y se corría el riesgo de engordar las arcas de los terroristas que operan en Putumayo y Nariño, y a veces en Ecuador.
El Gobierno ecuatoriano sostiene que la aspersión aérea perjudica la salud de sus ciudadanos. Sin embargo, son dudosas las pruebas sobre las implicaciones de la fumigación aérea en la salud y hasta la fecha no se conoce un resultado concluyente de la investigación solicitada por Ecuador a la OEA sobre el particular.
Hubiese sido deseable que el gobierno colombiano esperara los resultados, pero el crecimiento exponencial del número de hectáreas con cultivos ilícitos no daba tiempo y se requería una decisión fuerte y tajante como la asumida por el Presidente.
En este sentido, resulta claro que el gobierno colombiano esperaba solidaridad de los vecinos en el asunto, en especial porque la posición de Ecuador se sustenta en posibles daños a la salud ocasionados por el Glifosato y el Cosmoflux, pero al mismo tiempo, ambos fungicidas son utilizados en los cultivos de banano ecuatorianos, lo que muestra que el asunto tiene matices políticos más que sanitarios.
Sin embargo, con los buenos resultados obtenidos con la erradicación manual, sería importante que Colombia y Ecuador conciliaran las posiciones para que la guerra contra los cultivos ilícitos en la frontera fuera combinada y así evitar problemas diplomáticos y decisiones de fuerza del gobierno ecuatoriano contra los colombianos más débiles: Los refugiados y los indocumentados.
En síntesis, si Colombia aplica una medida de choque para frenar los cultivos ilícitos que se extendieron en la franja prohibida para la fumigación, es una medida que está enfocada a debilitar aun más al terrorismo, posición consecuente con lo que esperamos de Uribe.
La guerra contra los cultivos ilícitos es cada día más compleja. De hecho, parece que cualquier estrategia que se emprende para mitigar sus efectos es rápidamente contrarrestada por los delincuentes.
El último capítulo de esta guerra se está viviendo ahora en la frontera de Colombia con Ecuador.
Hace 10 meses el gobierno colombiano decidió suspender la aspersión aérea en la zona de frontera e implementar la erradicación manual. Sin embargo, en menos de un año la zona registró un crecimiento de 10 mil hectáreas cultivadas lo que generó la decisión de reiniciar la fumigación aérea de cultivos ilícitos.
En Colombia, la meta constante es reducir el número de hectáreas de cultivos ilegales, por lo cual, un aumento en los sembradíos de coca resulta inconveniente para dicho propósito que tiene como telón de fondo, golpear las finanzas de las organizaciones criminales.
La solución ejecutada durante este año, la erradicación manual, logró la eliminación de más de 40 mil hectáreas de coca y amapola en todo el país, aunque semejante cifra se consiguió con un gravísimo riesgo para la seguridad y la VIDA de los erradicadores y de quienes les prestan seguridad.
Basta con recordar el enorme esfuerzo que se hizo en la serranía de La Macarena para entender la dimensión del peligro: según cifras oficiales, 26 policías y 12 erradicadores (campesinos todos), murieron en el proceso de erradicación manual gracias a las trampas, minas antipersona y emboscadas de las FARC, que tienen en ese parque nacional las tareas de sembrar, cultivar, proteger los cultivos, cocinar y empacar los narcóticos destinados a satisfacer la enorme demanda internacional.
Ante semejantes cifras, casi 40 muertos, la decisión fue emprender la fumigación aérea con Glifosato y Cosmoflux en el parque de La Macarena a la que muchos sectores nos opusimos en su momento porque creíamos ingenuamente que con la erradicación manual se podría evitar el uso de los agroquímicos… pero fue una equivocación que en La Macarena costó la vida de casi 40 colombianos.
Aunque en la frontera con Ecuador no se presentó una masacre como la ocurrida en La Macarena, lo cierto es que el crecimiento desbordado de los cultivos demostró que con la erradicación manual era imposible combatir la extensión de sembrados ilegales en la zona, pues al tiempo que se erradicaba una hectárea, los narcoterroristas sembraban tres.
Esto significa que de seguirse usando de manera exclusiva la erradicación manual, además de la vida de muchos colombianos erradicadores, también se pone en riesgo el trabajo que por años han realizado el Gobierno y las Fuerzas Armadas para debilitar las finanzas de las FARC: sencillamente con la extensión de cultivos ilícitos quedan en riesgo la vida de miles de personas en todo el país, por cuenta del terrorismo de las FARC.
Claro que cualquiera de las dos fórmulas, aspersión aérea o erradicación manual, generan un desplazamiento de cultivos a otras zonas, lo que significa que mientras en una región se aplica la guerra contra las drogas, en otra surgen los cultivos, el desplazamiento de campesinos, el robo de tierras y, por supuesto, la esclavitud de miles de colombianos que ofician como recolectores de la hoja de coca.
El panorama entonces es complejo, pero la oportunidad para la erradicación manual, lejos de ser apoyada, contó con la infaltable crítica de múltiples sectores que señalaron una supuesta improvisación en el programa de erradicación manual.
Lamentablemente ese no fue el problema: el asunto de fondo es que las FARC no son precisamente defensoras del medio ambiente y les interesa muy poco lo que pueda pasar con la naturaleza o con los campesinos que por un bajo sueldo, trabajan largas jornadas en el programa de erradicación manual.
La fumigación en la frontera con Ecuador es una decisión coherente con la realidad y sobre todo con la decisión de combatir a las FARC desde la fuente de financiación, pues el incremento de cultivos ilícitos en la zona no daba espera y se corría el riesgo de engordar las arcas de los terroristas que operan en Putumayo y Nariño, y a veces en Ecuador.
El Gobierno ecuatoriano sostiene que la aspersión aérea perjudica la salud de sus ciudadanos. Sin embargo, son dudosas las pruebas sobre las implicaciones de la fumigación aérea en la salud y hasta la fecha no se conoce un resultado concluyente de la investigación solicitada por Ecuador a la OEA sobre el particular.
Hubiese sido deseable que el gobierno colombiano esperara los resultados, pero el crecimiento exponencial del número de hectáreas con cultivos ilícitos no daba tiempo y se requería una decisión fuerte y tajante como la asumida por el Presidente.
En este sentido, resulta claro que el gobierno colombiano esperaba solidaridad de los vecinos en el asunto, en especial porque la posición de Ecuador se sustenta en posibles daños a la salud ocasionados por el Glifosato y el Cosmoflux, pero al mismo tiempo, ambos fungicidas son utilizados en los cultivos de banano ecuatorianos, lo que muestra que el asunto tiene matices políticos más que sanitarios.
Sin embargo, con los buenos resultados obtenidos con la erradicación manual, sería importante que Colombia y Ecuador conciliaran las posiciones para que la guerra contra los cultivos ilícitos en la frontera fuera combinada y así evitar problemas diplomáticos y decisiones de fuerza del gobierno ecuatoriano contra los colombianos más débiles: Los refugiados y los indocumentados.
En síntesis, si Colombia aplica una medida de choque para frenar los cultivos ilícitos que se extendieron en la franja prohibida para la fumigación, es una medida que está enfocada a debilitar aun más al terrorismo, posición consecuente con lo que esperamos de Uribe.