La Ceja, La Catedral e Itagüï
04 diciembre 2006
Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso
Una de las mayores molestias frente al proceso de paz con los paramilitares era la reclusión de sus cabecillas en una antigua sede vacacional en La Ceja, Antioquia.
De hecho, los ingratos recuerdos de La Catedral de Escobar y Gaviria generaban una gran inquietud sobre el controlor que se estaba ejerciendo sobre los más de 60 líderes de las AUC recluidos en la antigua sede de Prosocial.
Es que al recordar lo ocurrido en La Catedral, lugar al que entraban armas, drogas, prostitutas y sentenciados a muerte (el sitio también fue patíbulo); debería haber servido como alarma para no repetir los mismos errores desde un principio.
Sin embargo, parece que la alarma funcionó en el último minuto. El propio Presidente denunció que desde La Ceja se pudo haber ordenado el asesinato de dos cabecillas de las AUC.
Puede que los jefes paramilitares no gozaran de las mismas comodidades, lujos y excentricidades que disfrutaron Pablo Escobar y su combo en la Catedral, todas ellas concedidas por César Gaviria Trujillo y su kinder. Pero lo cierto es que, más allá de los privilegios de vivir en un sitio que se parece a todo menos a una cárcel, el máximo peligro consiste en que desde el sitio de reclusión los presos sigan delinquiendo.
Por eso no resulta extraña la decisión del Gobierno de trasladar a los jefes paramilitares a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, pues el país espera que paguen sus condenas en un sitio penitenciario y no en un confortable internado.
Según el ministro del Interior, la decisión del traslado de los líderes paramilitares a Itagüí se debe a que “la sede de Prosocial es una sitio de reclusión de mediana seguridad que no cuenta con las suficientes medidas, por lo que el riesgo de fuga era muy grande.”
Pero los hechos dicen otra cosa: el riesgo de fuga de los líderes paramilitares es relativo si se tiene en cuenta que ellos se entregaron y aceptaron someterse a un régimen penitenciario (aunque de bajo nivel de seguridad). Además, al escapar, quedarían automáticamente por fuera de los privilegios de la Ley de justicia y paz y, por si fuera poco, esa fuga los convertiría en extraditables y no resulta lógico que echen por la borda toda la trama que urdieron (la misma trama que se está revelando en el escándalo de la parapolítica) para beneficiarse con un proceso que es favorable para cualquier delincuente.
Entonces, la decisión, así lo niegue el Ministro, tiene que ver más con la denuncia que hizo el Presidente sobre las actividades delictivas que posiblemente se estaban cometiendo desde La Ceja, y, como factor secundario, la información de una fuga inminente.
En días pasados, Uribe pidió esclarecer si el asesinato de alias ‘Daniel’ (Daniel Mejía Angel), y del segundo hombre de ‘Jorge 40’, fue ordenado desde La Ceja.
Uribe no se quedó en la denuncia y sostuvo que "si los asesinaron personas que están en el proceso de paz, esas personas deben perder los beneficios de la ley y ser sometidos a la ley ordinaria" .
Algo estaba pasando en La Ceja y seguramente el país no conocerá los pormenores, pero ciertamente la crisis del viernes sugiere que los jefes paramilitares estaban dispuestos a repetir, exactamente, la situación vivida con Pablo Escobar en la Catedral.
No de otra manera se entiende que en medio de la crisis hubieran pedido la presencia de un alto funcionario (lo mismo que hizo Escobar el 22 de julio de 1992) para supuestamente negociar. Al final, Escobar secuestró a Eduardo Mendoza, viceministro de Justicia, y se fugó de la cárcel ante la mirada impotente del entonces comandante de la Cuarta Brigada.
Claro que los últimos comunicados emitidos por los cabecillas de las AUC hacen pensar que el traslado a Itagüí y el posible levantamiento de la suspensión de la extradición es una estrategia para presionar a los cabecillas para callarlos y presionarlos a ocultar la información que tienen sobre los vínculos de políticos con las estructuras paramilitares en todo el país.
Hace algunas semanas, los jefes de las AUC anunciaron que estaban dispuestos a decir toda la verdad sobre los nexos del paramilitarismo con diferentes sectores de la Nación. A lo anterior se sumó una petición desde La Ceja para que políticos, empresarios y periodistas, entre otros, revelaran los vínculos y contaran la verdad de cara al país.
Parece lógico que esas revelaciones aterren a muchos sectores nacionales y en especial a la clase política que está sumergida en el escándalo de la para-política y que no vieron claramente que el Gobierno, al establecer una negociación con los paramilitares, se encontraría con el efecto inevitable del descubrimiento de esos vínculos.
De alguna manera, la reacción de los cabecillas paramilitares confirma lo anterior: en un comunicado emitido desde La Ceja indicaron que Uribe estaba recibiendo información falsa y perversa sobre los crímenes de los que están siendo acusados. Es más: aseguran que Uribe fue informado de esa manera "con el fin de desviar las investigaciones judiciales".
Esto significa que los jefes paramilitares creen que el círculo cercano al Presidente, o los influyentes y asustados miembros de la bancada oficialista, están manipulando las situaciones para callarlos e impedir que el país conozca la verdad de sus tentáculos.
Claro que hay otro escenario: en medio del escándalo de la para-política, el Presidente ha recibido información amañada sobre los asesinatos, desviando la atención sobre los verdaderos culpables de esos crímenes. Esto sería perfectamente lógico con la campaña que han iniciado algunos sectores para imponer una agenda de actualidad que solo le permita al público concentrarse en la para-política.
Una de las mayores molestias frente al proceso de paz con los paramilitares era la reclusión de sus cabecillas en una antigua sede vacacional en La Ceja, Antioquia.
De hecho, los ingratos recuerdos de La Catedral de Escobar y Gaviria generaban una gran inquietud sobre el controlor que se estaba ejerciendo sobre los más de 60 líderes de las AUC recluidos en la antigua sede de Prosocial.
Es que al recordar lo ocurrido en La Catedral, lugar al que entraban armas, drogas, prostitutas y sentenciados a muerte (el sitio también fue patíbulo); debería haber servido como alarma para no repetir los mismos errores desde un principio.
Sin embargo, parece que la alarma funcionó en el último minuto. El propio Presidente denunció que desde La Ceja se pudo haber ordenado el asesinato de dos cabecillas de las AUC.
Puede que los jefes paramilitares no gozaran de las mismas comodidades, lujos y excentricidades que disfrutaron Pablo Escobar y su combo en la Catedral, todas ellas concedidas por César Gaviria Trujillo y su kinder. Pero lo cierto es que, más allá de los privilegios de vivir en un sitio que se parece a todo menos a una cárcel, el máximo peligro consiste en que desde el sitio de reclusión los presos sigan delinquiendo.
Por eso no resulta extraña la decisión del Gobierno de trasladar a los jefes paramilitares a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, pues el país espera que paguen sus condenas en un sitio penitenciario y no en un confortable internado.
Según el ministro del Interior, la decisión del traslado de los líderes paramilitares a Itagüí se debe a que “la sede de Prosocial es una sitio de reclusión de mediana seguridad que no cuenta con las suficientes medidas, por lo que el riesgo de fuga era muy grande.”
Pero los hechos dicen otra cosa: el riesgo de fuga de los líderes paramilitares es relativo si se tiene en cuenta que ellos se entregaron y aceptaron someterse a un régimen penitenciario (aunque de bajo nivel de seguridad). Además, al escapar, quedarían automáticamente por fuera de los privilegios de la Ley de justicia y paz y, por si fuera poco, esa fuga los convertiría en extraditables y no resulta lógico que echen por la borda toda la trama que urdieron (la misma trama que se está revelando en el escándalo de la parapolítica) para beneficiarse con un proceso que es favorable para cualquier delincuente.
Entonces, la decisión, así lo niegue el Ministro, tiene que ver más con la denuncia que hizo el Presidente sobre las actividades delictivas que posiblemente se estaban cometiendo desde La Ceja, y, como factor secundario, la información de una fuga inminente.
En días pasados, Uribe pidió esclarecer si el asesinato de alias ‘Daniel’ (Daniel Mejía Angel), y del segundo hombre de ‘Jorge 40’, fue ordenado desde La Ceja.
Uribe no se quedó en la denuncia y sostuvo que "si los asesinaron personas que están en el proceso de paz, esas personas deben perder los beneficios de la ley y ser sometidos a la ley ordinaria" .
Algo estaba pasando en La Ceja y seguramente el país no conocerá los pormenores, pero ciertamente la crisis del viernes sugiere que los jefes paramilitares estaban dispuestos a repetir, exactamente, la situación vivida con Pablo Escobar en la Catedral.
No de otra manera se entiende que en medio de la crisis hubieran pedido la presencia de un alto funcionario (lo mismo que hizo Escobar el 22 de julio de 1992) para supuestamente negociar. Al final, Escobar secuestró a Eduardo Mendoza, viceministro de Justicia, y se fugó de la cárcel ante la mirada impotente del entonces comandante de la Cuarta Brigada.
Claro que los últimos comunicados emitidos por los cabecillas de las AUC hacen pensar que el traslado a Itagüí y el posible levantamiento de la suspensión de la extradición es una estrategia para presionar a los cabecillas para callarlos y presionarlos a ocultar la información que tienen sobre los vínculos de políticos con las estructuras paramilitares en todo el país.
Hace algunas semanas, los jefes de las AUC anunciaron que estaban dispuestos a decir toda la verdad sobre los nexos del paramilitarismo con diferentes sectores de la Nación. A lo anterior se sumó una petición desde La Ceja para que políticos, empresarios y periodistas, entre otros, revelaran los vínculos y contaran la verdad de cara al país.
Parece lógico que esas revelaciones aterren a muchos sectores nacionales y en especial a la clase política que está sumergida en el escándalo de la para-política y que no vieron claramente que el Gobierno, al establecer una negociación con los paramilitares, se encontraría con el efecto inevitable del descubrimiento de esos vínculos.
De alguna manera, la reacción de los cabecillas paramilitares confirma lo anterior: en un comunicado emitido desde La Ceja indicaron que Uribe estaba recibiendo información falsa y perversa sobre los crímenes de los que están siendo acusados. Es más: aseguran que Uribe fue informado de esa manera "con el fin de desviar las investigaciones judiciales".
Esto significa que los jefes paramilitares creen que el círculo cercano al Presidente, o los influyentes y asustados miembros de la bancada oficialista, están manipulando las situaciones para callarlos e impedir que el país conozca la verdad de sus tentáculos.
Claro que hay otro escenario: en medio del escándalo de la para-política, el Presidente ha recibido información amañada sobre los asesinatos, desviando la atención sobre los verdaderos culpables de esos crímenes. Esto sería perfectamente lógico con la campaña que han iniciado algunos sectores para imponer una agenda de actualidad que solo le permita al público concentrarse en la para-política.
Es que esos asesinatos pudieron ser ejecutados por otro sector: ¿Será que las FARC no quieren asesinar a los jefes paras? Ciertamente a esos enemigos naturales, las FARC les deben tener hasta una bala con su nombre... pero que se descubriera la participación de los terroristas en esos crímenes, supondría una difícil situación en la que perderían, pues estarían aniquilando a los desmovilizados y repitiendo la historia de la UP, solo que al revés y eso buscarían ocultarlo al precio que sea.
Ciertamente la explicación del Ministro no resulta completa, pues si el propio Presidente denunció la posibilidad de que sigan delinquiendo desde la cárcel, esta es una situación que justifica plenamente el traslado a una prisión de máxima seguridad.
Es que la explicación no pedida de una posibilidad de fuga, parece más bien el reconocimiento de la culpabilidad manifiesta y en estos momentos de espesa neblina, el Gobierno no debe contribuir con las tinieblas y salir con excusas nada convincentes de las decisiones que toma sobre los jefes paramilitares que están detenidos, pues al fin de cuentas, el sitio de reclusión debe asignarlo el Estado y los cambios de cárcel son potestad de quien los tiene bajo su custodia.
Ciertamente la explicación del Ministro no resulta completa, pues si el propio Presidente denunció la posibilidad de que sigan delinquiendo desde la cárcel, esta es una situación que justifica plenamente el traslado a una prisión de máxima seguridad.
Es que la explicación no pedida de una posibilidad de fuga, parece más bien el reconocimiento de la culpabilidad manifiesta y en estos momentos de espesa neblina, el Gobierno no debe contribuir con las tinieblas y salir con excusas nada convincentes de las decisiones que toma sobre los jefes paramilitares que están detenidos, pues al fin de cuentas, el sitio de reclusión debe asignarlo el Estado y los cambios de cárcel son potestad de quien los tiene bajo su custodia.