Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso
El pulso comenzó el fin de semana pasado: por decisión del Presidente, los jefes paramilitares fueron trasladados del centro vacacional de La Ceja (adaptado como cárcel para los cabecillas) a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Los jefes paramilitares, inicialmente, aceptaron a regañadientes la decisión, pero con el paso de las horas, las posiciones se fueron radicalizando y estallaron finalmente en las últimas horas con el anuncio de los paramilitares de dar por terminado el proceso de paz.
El 5 de diciembre, el Gobierno evaluó la situación de la crisis y anunció su intención de mantener el proceso, aunque en ese momento ya
sabía que la crisis era de grandes dimensiones.
Entonces se apresuró a ratificar que continuaría con la atención de los desmovilizados, en un esfuerzo por diferenciar las necesidades y pretensiones de los combatientes rasos de los requerimientos de los cabecillas: anunció que el Alto Consejero para la Reintegración continuaría con las reuniones regionales con los desmovilizados a quienes se les comunicaría la decisión de extender la ayuda humanitaria a quienes permanezcan en el proceso, vinculando a las familias de los desmovilizados.
Sin embargo, las buenas intenciones se quedaron en la puerta de la cárcel de Itagüí.
Después de la reunión, Ernesto Báez notificó la decisión unilateral de las autodefensas de terminar el proceso: "Se trata simplemente de dar por terminado un proceso donde no hay confianza, median los engaños, los incumplimientos y no hay compromiso. Esto no puede de ninguna manera asegurar la paz del país".
Inmediatamente el pulso se hizo más fuerte y el Gobierno reaccionó revocando el decreto reglamentario que obligaba a los desmovilizados de las Autodefensas a ratificar su intención de acogerse a la ley de Justicia y Paz mediante una carta escrita.
Así las cosas, el Gobierno puso en manos de la Fiscalía a los 2700 paramilitares desmovilizados que están en las listas enviadas por el ministerio del Interior, pero sobre todo, a los jefes paramilitares recluidos ahora en Itagüí.
Sin embargo, muchas incógnitas quedan en el ambiente: ¿qué va a pasar con los reinsertados? Es que son 30 mil combatientes que en este momento deben sentirse a la deriva por cuenta de la decisión de sus jefes.
Además, muchos de ellos están en proceso de capacitación desde la básica primaria hasta en cursos técnicos en diferentes áreas. Otros van adelantados en la conformación de microempresas. Así mismo, unos más fueron contratados por diferentes empresas en todo el territorio nacional, especialmente en Medellín.
Otra incógnita importante tiene que ver con la extradición: al derogarse el decreto de Justicia y paz, ¿será levantada la suspensión de la orden de extradición para los jefes paramilitares?
A estas alturas es necesario recoger las palabras del representante de la OEA Sergio Caramagna: "Creo que hay que hacer una fuerte exhortación a defender y afirmarse en la continuidad del proceso", declaró el diplomático.
Es necesario coincidir con Caramagna: Defender y afirmarse en la continuidad del proceso significa, ni más ni menos, que hacer un esfuerzo enorme para que se recupere la confianza entre el Gobierno y los paramilitares y se vuelvan a tender los puentes de comunicación, pues de otra manera, serían miles de hombres dispuestos a regresar a la violencia.
De la defensa del proceso depende también que el país no se sumerja en un enorme baño de sangre y culmine con éxito este peldaño para divisar en el horizonte la paz para Colombia.
Esa defensa la debe encabezar el Presidente, dejando que el Comisionado de paz recupere la interlocución con los paramilitares. Además, el Congreso debe agilizar el trámite del tema de la sedición, que es uno de los principales motivos para la desconfianza en el proceso por parte de los jefes paramilitares.
El Gobierno debe, así mismo, buscar una concertación urgente con todos los sectores políticos del país: de hecho el Polo Democrático, a través del Senador Gustavo Petro manifestó su preocupación por la seguridad de los cabecillas de las AUC y de sus familias. Así mismo, el Jefe Único del liberalismo, César Gaviria, aplaudió la decisión de Uribe de trasladarlos a la cárcel de Itagüí… semejante coincidencia de los sectores políticos más representativos se convierte en una buena oportunidad no solo para mantener el proceso, sino para darle un viraje que permita desactivar esa bomba de tiempo que se llama la tercera generación de paramilitares que han anunciado los jefes de las AUC.
A este asunto hay que “meterle” voluntad política y concertación, porque así como la máxima responsabilidad de lo ocurrido es del Presidente, los sectores políticos tienen su cuota de participación en la germinación de la crisis, ya fuera con oposición irreflexiva y sin salidas, con críticas infundadas o con la ausencia de propuestas para enderezar el proceso.
Finalmente, si este proceso termina, la verdad que tanto reclamamos se sabrá, en el mejor de los casos a cuenta gotas, pero no en Colombia: los agentes de la DEA y los tribunales estadounidenses serán los grandes receptores de esa información a la que, como siempre, sabrán sacarle el mayor provecho posible.